Estrategia de desarrollo y régimen de acumulación: el retorno del capitalismo en Ucrania

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La aparición de un Estado ucraniano independiente tras el colapso de la Unión Soviética marcó también el inicio de una nueva era histórica del capitalismo en ese país. Estos dos momentos históricos están estrechamente ligados en la mente de muchas personas, ya que las y los propagandistas de estos dos nuevos fenómenos -la independencia nacional y la economía de mercado- prometían a la gente una vida mejor que la que habían experimentado en la URSS que se derrumbaba. Los dirigentes de la nueva Ucrania creían que su país era el que tenía las mejores bazas entre las repúblicas soviéticas para "unirse a Occidente", es decir, para integrarse con los principales Estados capitalistas situados en la cima de la economía mundial. Pero, como sabemos, en los veinte años siguientes la nación experimentó muchos problemas. Además, la economía nacional se integró en los mercados y cadenas de producción mundiales a un nivel muy inferior al esperado. Y los dirigentes políticos y económicos de Ucrania, uno tras otro, no han conseguido cambiar fundamentalmente el lugar de la economía ucraniana en el mundo ni aliviar la carga de la pobreza para la mayoría de la población.

Por supuesto, la evolución de la situación internacional ha jugado un papel considerable determinando la dirección del nuevo Estado y limitando la lista de posibles escenarios. En el curso de su colapso, la URSS cedió la iniciativa a Estados Unidos, que, junto con los países del G7 y de la OCDE, se las arregló a su manera para hacer frente al colapso del Segundo Mundo. Estos Estados trabajaron juntos para absorber a toda Europa Central, la Alemania unificada y los Estados bálticos en el núcleo euroatlántico, al tiempo que mantenían a la URSS a distancia, impidiéndole amenazar la seguridad y la estabilidad internacionales y negando categóricamente a los Estados surgidos después de 1991 la posibilidad de integrarse en el núcleo euroatlántico. Desde el punto de vista de los dirigentes estadounidenses y de Europa Occidental, Ucrania nunca pudo pretender seriamente ser miembro de dicho núcleo. Mientras que para los estadounidenses fue durante algún tiempo candidata a entrar en la OTAN, de todos los miembros del núcleo de Europa Occidental sólo los británicos pensaban que debía ser aceptada en la OTAN y en la UE. En el mejor de los casos, Ucrania era un contrapeso a Rusia, que el núcleo había puesto en pie para evitar que Rusia recuperara su estatus de gran potencia.

Sin embargo, los Estados centrales han tardado algún tiempo en ponerse de acuerdo sobre una visión estratégica y comprender sus implicaciones para Ucrania, Rusia y otros países del “extranjero lejano".

Durante todo este tiempo, los dirigentes ucranianos alimentaron la esperanza, cada vez más ilusoria, de ser aceptados en la primera liga mundial de naciones. No fue hasta finales de la década de 1990 cuando los dirigentes ucranianos elaboraron una estrategia de desarrollo económico basada en la explotación de los recursos nacionales y la diversificación para desarrollar el crecimiento, en lugar de buscar la salvación en el capital y la tecnología occidentales.

Las condiciones de entrada y supervivencia en el sistema capitalista mundial no eran muy favorables para los nuevos países poscomunistas como Ucrania. Estas condiciones ofrecían pocas oportunidades para regular sus propias economías o para facilitar su entrada en la arena de la competencia internacional. Sin embargo, la economía ucraniana estuvo inicialmente protegida de la entrada de los grandes actores mundiales por el caos total que acompañó al colapso del bloque soviético. Mientras los ricos empresarios occidentales temían poner un pie en el gangrenoso Este, ingeniosos ucranianos empezaron a acumular su propio capital, sin encontrar oposición. Pero este periodo inicial de acaparamiento de presas fáciles no duró mucho. Los empresarios rusos y luego occidentales entraron en escena y, a finales de la segunda década, la clase capitalista ucraniana ya estaba integrada en la comunidad transnacional en sentido amplio.

En este artículo intento explicar dos resultados aparentemente contradictorios de los últimos veinte años: cómo las estrategias de desarrollo seguidas por los dirigentes ucranianos no han logrado construir una sociedad feliz y próspera; y cómo el Estado ucraniano ha alimentado a una clase de capitalistas nacionales y ha establecido para ellos un exitoso régimen de acumulación de capital.

Estrategia de desarrollo de Kuchma

Durante los primeros siete años de su independencia, Ucrania experimentó una recesión económica. Comenzó en la década de 1980, pero se aceleró rápidamente con el colapso de las redes de producción y comercio de la URSS y el Consejo de Asistencia Económica Mutua. En los años 90 se produjo una fuerte caída de la producción en la mayoría de los sectores de la economía, un deterioro de los activos fijos y un descenso de la mano de obra, tanto en términos absolutos de empleo como de productividad de los empleados. El PIB de Ucrania, medido a precios internos constantes, se redujo en cerca de dos tercios entre 1990 y 1997 (Ukrainian Economic Trends 1997b; Ryaboshlyk 1997). Los sectores más afectados fueron los de alta tecnología más integrados en la división soviética del trabajo: el complejo militar-industrial, la aviación y la industria aeroespacial, la maquinaria pesada y los bienes de consumo duraderos. La extracción y transformación de recursos energéticos y minerales, así como la industria química, que vieron disminuir su producción bruta en términos absolutos pero a un ritmo relativamente menor, aumentaron su participación en el conjunto de la producción industrial. Los productos de estas industrias fueron objeto de una fuerte demanda exterior en los años 90 y representaron una proporción significativa de las exportaciones. A estas industrias les fue mejor porque no se vieron tan afectadas por la caída de la demanda interna y pudieron encontrar mercados fuera del bloque soviético que se derrumbó.

La economía ucraniana no sólo se contrajo, sino que se dividió en varios estratos que se reproducían independientemente: la agricultura de subsistencia para la producción de alimentos, de la que dependía toda la población rural y casi la mitad de la urbana a mediados de los noventa (Oficina Internacional del Trabajo 1995: 15; Dubrovskii y Pirani 1997: 5-6); el sector público, que incluía el complejo militar-industrial, las industrias aeroespacial y de aviación, así como los activos más importantes que el nuevo Estado no pretendía privatizar; y el sector privado, derivado del comercio transfronterizo de energía, materias primas y productos semiacabados, así como las empresas afectadas por las primeras rondas de privatización de pequeñas y medianas empresas estatales. Gran parte de este nuevo sector privado formaba parte de la economía sumergida y escapaba a la medición estadística, la regulación gubernamental y la fiscalidad.

Sólo durante el primer mandato presidencial de Leonid Kuchma (1994-1999) los dirigentes del Estado adquirieron una mínima capacidad institucional para frenar el declive económico. En 1996 se introdujo la moneda nacional (hryvnia); Ucrania fue el último de los Estados postsoviéticos en hacerlo. Se puso en marcha una política de estabilización monetaria, se limitó el crecimiento de la masa monetaria y se frenó la inflación galopante. El gobierno empezó a sanear las finanzas públicas y las instituciones reguladoras, principalmente mediante las primeras rondas de privatizaciones. Sin embargo, fue incapaz de aplicar una estrategia proactiva de desarrollo económico y social antes de que la recesión alcanzara su punto álgido en 1999. La devaluación de la hryvnia tras la crisis financiera de 1998 impulsó la recuperación de la industria alimentaria, permitiéndole competir eficazmente con los productos alimentarios importados¹ que, a finales de los noventa, ocupaban más del 60% del mercado minorista nacional. La devaluación y las favorables condiciones de precios en los mercados mundiales estimularon la recuperación de las exportaciones de acero, productos químicos y alimentos. En estas nuevas condiciones de precios en los mercados nacionales y extranjeros, y con la ayuda de la nueva capacidad institucional del Estado, el crecimiento rápido se reanudó en 2000.

A finales de la década de 1990, el equipo de Kuchma ya se había dado cuenta de que Ucrania no debía intentar seguir las recetas del FMI y el Banco Mundial. Nadie más que ellos sacaría a Ucrania del "creciente grupo de los pobres" que sus recetas habían desarrollado durante las décadas anteriores y en el que ahora caían la mayoría de los países postsoviéticos (Galchynsky et al. 2004² 2: 15-16). La estrategia de desarrollo de Kuchma, en cambio, pretendía crear una "economía social de mercado" integrada en el mercado mundial en condiciones que permitieran explotar al máximo los puntos fuertes de Ucrania e incluirla en el escalón relativamente alto de la tecnología. Se trataba principalmente de una estrategia orientada a la exportación, destinada a acumular beneficios del comercio exterior en los sectores siderúrgico, químico y alimentario, petrolero y de maquinaria. Estos beneficios acumulados debían utilizarse para modernizar las industrias de alta tecnología existentes y crear otras nuevas, lo que conduciría a largo plazo a una estrategia de crecimiento que sustituyera las importaciones, se basara más en la demanda interna y dependiera menos de las fluctuaciones y perturbaciones del mercado exterior (Galchynsky et al. 2004: 15-16).

El desarrollo de una fuerte clase capitalista nacional y la restricción de la propiedad extranjera en industrias estratégicas, el sistema bancario y el complejo energético y petrolífero eran parte integrante de esta estrategia (Ukrainska Pravda 2003³). El principal mecanismo para construir esta clase fue la privatización de los principales activos estatales. Una vez concluida la privatización de las pequeñas y medianas empresas, el Fondo de Propiedad Estatal empezó a organizar la distribución de la primera serie de grandes empresas industriales. Decidió vender estos activos en 2003 y 2004 a precios bajos a varios "clanes" poderosos: empresas integradas verticalmente en la producción, el comercio y las finanzas que habían acumulado su capital inicial en la década de 1990 de diversas formas, tanto legales como ilegales. De las 18 grandes empresas privatizadas en 2003 y 2004, 13 fueron a parar a cuatro empresas; una empresa, SCM, controlada por Rinat Akhmetov, estrecho aliado del entonces primer ministro Yanukovych, adquirió siete (Paskhaver y Verkhovodova 2007).

Así, la nueva era histórica del desarrollo capitalista en Ucrania estuvo enmarcada por una estrategia estatal destinada a mantener la concentración de la industria en manos de un grupo social muy restringido.

Le siguieron otras privatizaciones. Conviene recordar que, en 2004, los sectores más desarrollados tecnológicamente de la economía - la construcción aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria militar, el transporte, las telecomunicaciones y los servicios públicos - ni siquiera se consideraban candidatos a la privatización. Seguían siendo propiedad del Estado, generando ingresos para éste (en particular, el complejo militar-industrial) o necesitando un apoyo estatal sustancial para sobrevivir en mercados extranjeros altamente competitivos y de difícil acceso (aviación y aeroespacial) (Central European 1992; Chas 1996: 7; Ukrainian Economic Trends 1997a: Tabla 1.4).

La política exterior "multivectorial" de Kuchma sirvió a su estrategia de desarrollo económico. Era imperativo mantener estrechos vínculos con Rusia: la economía y los servicios públicos ucranianos dependían de los baratos petróleo y gas rusos; Rusia era el principal importador de maquinaria y productos alimenticios ucranianos; y las empresas ucranianas se veían obligadas a cooperar con empresas rusas en varios sectores, el más importante de los cuales era el sector militar-industrial. No obstante, los dirigentes ucranianos de Kuchma intentaron aprovechar sus ventajas competitivas sobre Rusia y otros antiguos Estados soviéticos para asegurarse los recursos necesarios para la integración en el mercado único occidental y en las estructuras políticas de la UE. La construcción de una economía social de mercado y la adhesión a los escalones superiores de la división global del trabajo pretendían precisamente convertir a Ucrania en un candidato atractivo para la adhesión a la UE (Galchynsky et al. 2004: 18)⁴. La integración europea siguió siendo una prioridad de la política exterior ucraniana durante toda la presidencia de Kuchma, incluso después de 2000, cuando se enfrentó al aislamiento diplomático de Occidente y a la creciente presión de una Rusia renaciente para que las empresas rusas penetraran más en la economía ucraniana (Bojcun 2001). Kuchma hizo concesiones a Putin, pero se negó categóricamente a integrarse en el espacio económico común dirigido por Rusia más allá de la participación en una zona de libre comercio. Así pues, la reticencia de Kuchma a permitir la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos de la economía nacional preocupó tanto a los europeos occidentales como a los rusos.

Sin embargo, fue difícil impedir penetrar las inversiones rusas en los sectores medios de la economía ucraniana a medida que la economía rusa empezaba a recuperarse y el Estado ruso se mostraba más decidido a abrir la ruta hacia el oeste para sus productores de materias primas. Las industrias de transformación y las infraestructuras de transporte ucranianas eran objetivos obvios para los productores rusos. El ritmo de las inversiones rusas en activos ucranianos se aceleró en 2000 y 2001, sobre todo en los sectores del combustible, la energía y la metalurgia. Utilizando la deuda pública de Ucrania para adquirir el gas natural ruso como instrumento de presión, Putin pudo obligar a Kuchma a firmar un acuerdo en noviembre de 2000 para transferir el sistema de transmisión de gas de Ucrania a Gazprom. De alguna manera, Kuchma consiguió eludir el acuerdo. Mientras tanto, otras empresas rusas consiguieron adquirir participaciones significativas, incluso mayoritarias, en varias poderosas empresas ucranianas: el holding ruso SUAL compró la planta de aluminio de Zaporíyia; Lukoil compró la refinería de petróleo de Odesa, creó una empresa conjunta con la refinería de Kalush y adquirió una cadena de estaciones de servicio; Tyumen Oil Company (TNK) compró la refinería de Lysychansk; y el conglomerado metalúrgico RusAl adquirió la refinería de aluminio de Mykolaiv ; MetalsRussia invirtió en la planta metalúrgica de Donetsk; Group Alliance, Alfa-Nafta y Tatneft participaron en la privatización de las refinerías de Jersón, Nadvirna y Kremenchuk, respectivamente (Kyiv Post2000; Ukrayina moloda 2001; Baltimore Sun 2001; Moscow Interfax 2001; Centre for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine 2001). No cabe duda de que la incapacidad de los inversores occidentales para comprar estos activos en aquel momento explica en gran medida la tibia actitud de la diplomacia europea y estadounidense hacia Kuchma después del 2000.

Las estadísticas económicas demuestran que la estrategia de crecimiento de Kuchma funcionó. El PIB aumentó considerablemente año tras año, la inflación cayó por debajo del 10% y la balanza por cuenta corriente [estado de las transacciones internacionales] entró en superávit. La renta personal aumentó significativamente en términos reales durante cuatro años. La inversión en activos fijos aumentó de año en año, aunque partiendo de una base muy baja. La inversión extranjera directa (IED) per cápita se mantuvo a un nivel extremadamente modesto, aunque hay razones para creer que la inversión rusa fue mucho mayor de lo que muestran las estadísticas oficiales.

Sin embargo, la estrategia y el régimen político de Kuchma para aplicar y proseguir esta política tenían sus inconvenientes. En primer lugar, la estrategia orientada a la exportación en 2000-2002 se basó en la expansión de la producción de bienes de exportación mediante el aumento de la mano de obra y las materias primas. Pero estos recursos fueron utilizados al máximo y se agotaron rápidamente, mientras que el propio capital fijo ya se había agotado durante el largo declive de los años noventa. Y mientras los ingresos reales de los trabajadores aumentaban, los propietarios industriales y sus jefes en el aparato estatal no trabajaban para la demanda interna. En 2003-2004, las exportaciones volvieron a aumentar, pero los beneficios no se reinvirtieron suficientemente en capital fijo. Tampoco se utilizaron para diversificar la producción y satisfacer la creciente demanda interna.

Es lógico preguntarse qué ocurrió con los beneficios de los grandes exportadores. Una parte importante de estos beneficios se transfirió al extranjero para protegerlos de la devaluación y del fisco. La pequeña Chipre, donde muchas empresas ucranianas y rusas han abierto cuentas bancarias, ha sido uno de los principales destinos. Además, en 2004, la administración presidencial intensificó la recaudación de impuestos y, en lugar de cobrar el IVA atrasado, obligó a los exportadores a vender bonos del Estado. Sin embargo, estas obligaciones fiscales se eludían mediante acuerdos corruptos entre las empresas y las autoridades fiscales regionales. Además, gran parte de los impuestos recaudados en 2004 se utilizaron para financiar la campaña presidencial de Víktor Yanukóvich, a quien Kuchma había elegido para sucederle. Esta connivencia entre funcionarios y empresarios condujo a la consolidación de entidades políticas regionales en torno a las empresas más poderosas, cuyos dirigentes contrarrestaban la influencia del centro y competían entre sí para influir en las instituciones centrales (Zhalilo 2009: 129-131). A su vez, su éxito en la reducción de la presión fiscal trasladó la carga a los pequeños empresarios que, sin excepción, servían al mercado nacional. En 2004, 2,5 millones de pequeños empresarios y autónomos registrados oficialmente, de una población activa de 20 millones, se vieron potencialmente afectados por esta carga (Paskhaver y Verkhovodova 2007). Naturalmente, trasladaron el aumento de la presión fiscal a sus clientes. Pero estaban profundamente resentidos con el régimen de Kuchma y los grandes clanes empresariales a los que protegía.

Los centros de producción concentrados regionalmente, que servían a los mercados de exportación y enriquecían a las élites regionales, exacerbaron las desigualdades sociales y económicas en todo el país. Una de las desigualdades más evidentes es la diferenciación regional cada vez más marcada de los salarios. En octubre de 2004, el salario medio mensual en las regiones orientales de Donetsk, Dnipró y Zaporíyia superaba los 700 UAH (hryvnias), mientras que en las regiones occidentales de Ternopil, Rivne y Jmelnitski apenas superaba los 400 UAH. Además, Ucrania occidental sufrió una emigración masiva por falta de empleo. Y aunque los atrasos salariales eran más elevados en las regiones orientales a principios de año, se liquidaron más rápidamente que en las occidentales, dejando en la población una fuerte impresión de desigualdad de trato y de reparto desigual de los frutos de la recuperación económica (Zhalilo 2009: 129-131). Estas desigualdades regionales en los ingresos explican por qué la mayoría de los trabajadores rurales y urbanos de las regiones centrales y occidentales apoyaron al bando naranja [pro Yúschenko], mientras que el este y el sur industrial de Ucrania se alinearon con el bando blanco y azul [pro Yanukóvich] durante los acontecimientos de finales de 2004 (Mykhnenko 2009).

Los dirigentes del Estado ucraniano siempre han sido conscientes de la necesidad de mantener un consenso entre las clases al intentar guiar a la sociedad en su transición al capitalismo. A lo largo de la década de 1990 y en el nuevo siglo, los dirigentes ucranianos expresaron regularmente su temor a una "explosión social incontrolada", sin saber dónde estaban los límites socialmente aceptables de sus acciones y cuáles podrían ser las consecuencias. Este temor era totalmente comprensible, ya que el nuevo gobierno había creado una nueva clase de personas muy ricas, traspasándoles la riqueza social acumulada por las generaciones anteriores, mientras que la gran mayoría de la generación actual, heredera legítima de esta riqueza, vivía en la pobreza. El mecanismo de esta redistribución histórica de la riqueza fue la privatización. La mayoría de la población se sintió amargamente decepcionada por la privatización con bonos de compra de principios de los años 90, seguida de la privatización en efectivo. La parte que obtuvieron de estas dos fases de privatización ni se parecía a la prosperidad prometida. Todo el mundo pudo comprobar que las primeras grandes empresas privatizadas en 2003-2004 fueron a parar a manos de personas cercanas al gobierno. Luego, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2004, empezó a cobrar impulso una oleada de privatizaciones ilegales y secretas de instalaciones de producción, institutos de investigación, propiedades municipales, establecimientos comerciales y recursos naturales, hasta el día de la votación decisiva. Esto provocó, con razón, la ira popular contra el régimen, que fue calificado de corrupto y "antinacional" (Paskhaver y Verkhovodova 2007: 30).

Por supuesto, los ingresos reales de la clase trabajadora industrial de Ucrania aumentaron después de 1999. Pero aumentaron después de una terrible depresión, cuando alrededor del 95% de los ingresos familiares se gastaba en alimentos y servicios básicos, cuando la esperanza de vida se desplomó, la mortalidad infantil aumentó y las mujeres dejaron de tener hijos. El crecimiento de los ingresos ha sido extremadamente desigual, lo que ha exacerbado los enfrentamientos regionales en el seno de la clase trabajadora. También aumentaron las tensiones entre los pequeños y medianos empresarios, por un lado, y los multimillonarios respaldados por el Estado, por otro. Kuchma no sólo fracasó en su propia estrategia de establecer un ciclo eficaz de reproducción económica y social nacional a través de la mediación del mercado mundial. Tampoco consiguió evitar la acumulación de tensiones sociales generadas por este fracaso estratégico, que luego tomó un complejo giro político en la lucha entre los bandos naranja y blanquiazul.

El economista Zhalilo señala que:

“...los cambios políticos radicales que tuvieron lugar en Ucrania a finales de 2004-2005 fueron consecuencia directa de la ineficacia crónica de la estrategia socioeconómica del Estado a la hora de establecer mecanismos para la distribución armoniosa de los recursos producidos por el sistema socioeconómico con fines de desarrollo” (Zhalilo 2009: 133).

De la Revolución Naranja a la crisis financiera internacional

La Revolución Naranja de 2004 marcó un punto de inflexión en la política interior y exterior del Estado ucraniano. No es éste el lugar para analizar cómo se desarrollaron los acontecimientos revolucionarios, pero sí es importante identificar las expectativas de las masas que se derivaron de ellos y que influyeron en los esfuerzos del Estado por cambiar de rumbo. Entre estas expectativas, las principales prioridades eran el fin de la corrupción generalizada en los ámbitos de la privatización, la fiscalidad y la regulación estatal en general; el fin de la protección y la ayuda estatal a las empresas más grandes y la igualdad de trato para los trabajadores autónomos de las pequeñas y medianas empresas; el fin del uso de medidas coercitivas contra la oposición parlamentaria y extraparlamentaria -vigilancia, censura de prensa, asesinatos de periodistas, violaciones de las libertades fundamentales de reunión y expresión-; y la mejora del nivel de vida de los segmentos de la población más vulnerables a la crisis económica y financiera. Estos segmentos eran una parte importante de la alianza interclasista que formaba el bando naranja. Mientras tanto, los dirigentes naranjas ya no podían permitirse alienarse la base de masas del derrotado bando blanco y azul, que era casi tan grande como el suyo en términos electorales. Los trabajadores de la industria, concentrados en las regiones del este y el sur, no querían ver evaporarse las ganancias materiales que habían conseguido en años anteriores. Tanto Yúschenko como Timoshenko sentían la necesidad de restaurar un sentimiento de unidad nacional en todo el país.

Sin embargo, no estaban dispuestos a restablecer la unidad dentro de la propia clase dirigente. Antes de seguir adelante con la privatización, los dirigentes naranjas decidieron recuperar los mayores activos privatizados bajo Kuchma y reprivatizarlos mediante subastas abiertas y transparentes. Con ello, mataban tres pájaros de un tiro. En primer lugar, respondían a la indignación pública por la forma en que se habían llevado a cabo las privatizaciones en el pasado. En segundo lugar, podían debilitar a sus rivales del bando blanquiazul confiscando su riqueza. Víktor Pinchuk, yerno de Kuchma, y Rinat Akhmetov, el hombre más rico del país, fueron los primeros objetivos. Perdieron la acería de Kryvorizhstal. Pinchuk también perdió la fábrica de tuberías South Nikopol y la compañía de seguros Oranta. Otras 1.700 privatizaciones fueron apresuradamente cuestionadas por el Estado, que exigió recuperarlas hasta que todo el proceso se detuvo por las protestas contra su selectividad. Además, la pérdida de confianza en los derechos de propiedad privada que se produjo, tanto en Ucrania como en el extranjero, podría llevar a las grandes empresas a abandonar Ucrania.

El tercer objetivo de la reprivatización fue el mayor cambio en la estrategia económica del gobierno: abrir la economía a la inversión extranjera. El nuevo gobierno organizó la reprivatización de Kryvorizhstal, que ganó en una licitación en octubre de 2005 el magnate indio del acero Lakshmi Mittal y supuso una inversión más de seis veces superior a la que Pinchuk y Akhmetov habían pagado anteriormente. Pero la privatización de importantes industrias y activos, como Ukrtelecom y la planta portuaria de Odesa, se estancó posteriormente y se topó con nuevas protestas públicas. La Verjovna Rada [el parlamento] se negó a aprobar nuevas privatizaciones (Paskhaver y Verkhovodova 2007: 31). Como consecuencia, el capital extranjero no pudo acceder directamente a los activos productivos de la economía ucraniana y tuvo que acercarse a ellos por medios indirectos, como la inversión en el comercio exterior e interior.

Al igual que Kuchma, Yúschenko pretendía ante todo integrar a Ucrania en el núcleo atlántico de los Estados capitalistas desarrollados, en sus estructuras económicas, institucionales y de seguridad. A diferencia de Kuchma, la política exterior proeuropea y pro OTAN de Yúschenko iba dirigida contra Rusia. Yúschenko quería aflojar el control cada vez más férreo de Rusia sobre la economía, el espacio de información y el entorno de seguridad de Ucrania. Esto es lo que se desprende de su política exterior durante su mandato después de 2004, a pesar de los intentos de Timoshenko de suavizar las cosas y encontrar un terreno común con Rusia. Pero en lo que respecta a la estrategia de desarrollo económico del Estado, que es lo que más nos interesa hoy, el acercamiento a la UE y a la OTAN que Yúshchenko persiguió con entusiasmo en el terreno político fue acompañado de una importante apertura a los flujos de capital transnacional de los Estados euroatlánticos hacia Ucrania. Los partidarios de la rápida adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN consideraban que estas dos tendencias se reforzaban mutuamente. Parece que los nuevos dirigentes del equipo de Yúschenko llegaron a la conclusión de que la estrategia de Kuchma de integración europea llevaría demasiado tiempo y que este objetivo podría alcanzarse más rápidamente abriendo la puerta a las finanzas europeas y permitiendo que arraigaran en la economía nacional. Por supuesto, las finanzas debían ir seguidas de la integración en las instituciones políticas europeas y del paraguas de seguridad de la OTAN para protegerse. Además, el bando ucraniano liberal-democrático y prooccidental estaba comúnmente convencido de que la inversión extranjera directa traía necesariamente nuevas tecnologías, estimulaba la modernización y la diversificación de la producción y la vinculaba a las cadenas de valor transnacionales. Este punto de vista se oponía directamente a la postura de Kuchma de que el asesoramiento económico de las instituciones occidentales llevaría a Ucrania a unirse al "grupo de la pobreza creciente". El bando naranja quería creer que el capital occidental ayudaría a crear los sectores económicos, hasta entonces inexistentes o crónicamente débiles, necesarios para satisfacer la creciente demanda interna.

La demanda interna siguió creciendo, impulsada por el aumento de la renta real y las políticas sociales. Cumpliendo su promesa de mejorar la suerte de los sectores más pobres de la sociedad, el gobierno retiró a las empresas una parte cada vez mayor del PIB y aumentó los ingresos de los hogares. Los salarios del sector público aumentaron rápidamente. En 2005, el total de las pensiones y la asistencia social pasó del equivalente al 4% del PIB al 25% del PIB, mientras que el PIB en su conjunto sólo creció un 2,7% ese año. Así pues, la expansión de la demanda efectiva no se debió únicamente a la explosión de los préstamos baratos procedentes del extranjero. A falta de una expansión equivalente de la producción nacional de bienes y servicios, la demanda sólo podía ser satisfecha por productores y proveedores extranjeros.

Tras la Revolución Naranja, la inversión extranjera directa pasó de 1.700 millones de dólares en 2004 a un máximo de 9.200 millones en 2007. Gran parte de esta afluencia se canalizó a través del sistema bancario. La proporción del capital de los bancos ucranianos en manos de accionistas extranjeros pasó del 13% a más del 50% entre 2004 y 2009. Los mayores accionistas eran residentes de la UE y Rusia. Seis países de la UE representaban el 61% de la propiedad extranjera del capital bancario. Las instituciones financieras con sede en Rusia poseían otro 21%. La participación rusa se distinguía por el predominio de los bancos estatales: VTB, VEB, Sberbank, BM Bank y Prominvestbank, así como otros cuatro bancos estrechamente vinculados al Kremlin. La presencia europea estaba encabezada por el grupo austriaco Raiffeisen, los bancos italianos Unicredit e Intesa San Paolo, y el banco francés BNP Paribas. En abril de 2009, siete de los diez mayores bancos en términos de activos eran de propiedad extranjera. Los bancos estatales ucranianos poseían menos de una octava parte de los activos bancarios del país (Mykhnenko y Swain 2010: 158).

Salvo contadas excepciones, la inversión extranjera directa (IED) entre 2005 y 2009 no se destinó a la modernización tecnológica y la diversificación económica. Se utilizó principalmente para adquirir y ampliar sucursales bancarias minoristas que ofrecían préstamos baratos a la población (baratos en comparación con el auge económico), para desarrollar el comercio mayorista y minorista de productos de alta tecnología, bienes de consumo duraderos y artículos de lujo (principalmente importados), para financiar empresas de extracción y transformación orientadas a la exportación y para comprar bienes inmuebles. En 2007, un año récord para la IED, el 29% de la inversión se destinó a la expansión de los servicios financieros. El 25% de la IED se destinó a la industria, pero en realidad a fábricas que exportaban la mayor parte de sus productos (acero y productos químicos) a los crecientes mercados mundiales de materias primas. El sector de la ingeniería mecánica sólo recibió el 1,7% de toda la IED en 2007. Como consecuencia, los bienes de equipo se convirtieron en un componente cada vez más importante de las importaciones nacionales, hasta que el valor de los equipos importados superó al de los equipos de producción nacional (Zhalilo 2009: 143-150).

Ucrania disfrutó de ocho años de fuerte crecimiento del PIB entre principios de 2000 y finales de 2007. En este periodo hubo dos fases de fuerte crecimiento, seguidas de una ligera ralentización inmediatamente después de la Revolución Naranja. En ambas fases, la fuerte demanda exterior de productos siderúrgicos y químicos ucranianos impulsó el crecimiento. Sin embargo, la estructura del PIB industrial permaneció relativamente estática durante este periodo de ocho años, con tendencias claramente negativas para las industrias alimentarias y ligeras, cuya participación en el PIB fue disminuyendo. El sector de la construcción de maquinaria, cuyos productos eran demandados en Rusia y otros mercados postsoviéticos, apenas creció. Esto sólo puede significar una cosa: ni los propietarios privados de las empresas industriales, que recibían grandes beneficios de las exportaciones, ni el Estado, que se llevaba parte de estos beneficios a través de los impuestos, reorientaron estos recursos acumulados hacia los sectores de la economía más necesitados de desarrollo.

Estos ocho años de crecimiento impulsado por las exportaciones no condujeron a una mejora fundamental de la estructura de la industria ucraniana, de su nivel tecnológico general ni de su nivel de integración en la economía capitalista mundial. La cuestión está en saber si este fracaso se debió a razones diferentes en las distintas fases de crecimiento bajo Kuchma y Yúshchenko. La estrategia de Kuchma fracasó porque su régimen político fue incapaz de impedir el desarrollo de los enfrentamientos sociales y regionales generados por la expansión no regulada del capital en los sectores exportadores. En otras palabras, la estrategia tenía un freno interno. La Revolución Naranja, en cambio, abrió el proceso político a grupos más amplios de las clases media y alta y prometió resolver estas tensiones. Yúschenko cambió su enfoque: invitó al capital extranjero del núcleo euroatlántico para contrarrestar el capital ruso y satisfacer la creciente demanda interna de bienes y servicios que la economía nacional no podía proporcionar. Yúschenko y sus aliados creían que el capital extranjero ayudaría a modernizar tecnológicamente la economía ucraniana y a diversificar la producción nacional de bienes para los que había demanda. Pero el capital extranjero invirtió en los lugares equivocados, en el comercio interior y exterior, los servicios financieros y los sectores de exportación altamente rentables. El capital extranjero exportó sus beneficios, al igual que el capital de los propietarios ucranianos. Así pues, la estrategia de Yúschenko se topó con un freno externo adicional al desarrollo. Y cuando comenzó la crisis financiera internacional en 2007-2008, que congeló los flujos de capital y provocó la caída en picado de los precios y la demanda en los mercados mundiales de materias primas, la economía y el Estado ucranianos se quedaron sin reservas y sin una demanda alternativa [de bienes] en la que apoyarse.

De la crisis financiera a las elecciones presidenciales

La crisis financiera golpeó a la economía ucraniana en el verano de 2008, cuando las exportaciones de sus principales productos (acero, productos químicos y cereales) se desplomaron tras el desplome de los precios internacionales de las materias primas. Esto provocó un fuerte descenso de la producción: el producto interior bruto, que había crecido de forma constante durante ocho años, cayó un 15% en 2009, una de las mayores caídas de Europa del Este.

El desempleo aumentó, los atrasos salariales se acumularon y los salarios reales cayeron. El endeudamiento de los hogares aumentó, ya que las personas que habían pedido préstamos para comprar coches, casas, vacaciones, la educación de los hijos, etc. perdieron sus empleos o vieron impotentes cómo sus ahorros en hrivnias se depreciaban frente a su deuda contratada en euros o dólares.

Los bancos a través de los cuales se canalizaba la inversión extranjera estaban bajo presión por dos lados: sus sedes occidentales se enfrentaban a su vez a una crisis de liquidez en casa, y sus clientes ucranianos corporativos y privados se habían sobreendeudado durante el auge económico y ya no podían reembolsar sus deudas. A finales de 2008, la deuda del sector privado había ascendido a 104.000 millones de dólares, casi tanto como el PIB anual según las estimaciones oficiales, y había comenzado la crisis del sector bancario. En otoño de 2008, la guerra ruso-georgiana y la crisis financiera desencadenaron una salida masiva de capitales del país. La inversión extranjera directa neta cayó a 4.500 millones de dólares en 2009, la mitad que en 2008. Tras una sucesión de revalorizaciones hasta 2008, la hrivnia se había devaluado un 47% frente al euro al año siguiente.

El gobierno de la primera ministra Yulia Timoshenko decidió hacer frente a la crisis pidiendo prestados 16.400 millones de dólares al FMI para recapitalizar los bancos en dificultades, nacionalizar los más afectados, cubrir el déficit del comercio exterior y hacer frente a las obligaciones sociales del Estado. El sucesor de Timoshenko tras las elecciones presidenciales de 2010, el primer ministro Mykola Azarov, pidió otro préstamo al FMI y dinero prestado a bancos europeos y rusos. De este modo, el Gobierno transformó las deudas del sector privado derivadas de la crisis en una deuda pública de los trabajadores y contribuyentes ucranianos. Ninguno de estos préstamos se utilizó para estimular la reanudación de la producción en el país, sino para rescatar instituciones financieras, pagar deudas a acreedores extranjeros, reembolsar la deuda del Estado por el gas ruso y reducir el déficit del presupuesto estatal.

La campaña electoral presidencial de octubre de 2009 a febrero de 2010, que comenzó inmediatamente después del fuerte declive de la economía nacional provocado por la crisis financiera, podría haber dado lugar a cambios importantes en la estrategia de la élite y el comportamiento de la sociedad. Pero esto no ocurrió. Al contrario, ninguno de los principales candidatos se esforzó por indicar cómo salir de la crisis antes del final de las elecciones. La cuestión se discutió en pequeños grupos de reflexión y reuniones privadas, no en los debates electorales, porque todos los candidatos se preparaban para tomar medidas extremadamente impopulares entre el electorado.

La elección de Víktor Yanukóvich contó con el apoyo de los oligarcas más poderosos. Esperaban que desarrollara una estrategia para ayudar a sus empresas a hacer frente a la crisis. Esta estrategia inevitablemente tenía que incluir cambios significativos en la política interior y exterior.

Aunque el Gobierno y los principales líderes empresariales esperaban recuperarse de la crisis financiera, económica y comercial recuperando la demanda externa de las principales exportaciones de Ucrania, parecían, sin embargo, seguir convencidos de que un cambio en las condiciones externas no bastaría para lograr una recuperación interna. El clima económico internacional se enfrió considerablemente tras la crisis de 2008 y se mantuvo sin cambios durante los cuatro años siguientes. Para hacer frente a esta situación, se necesitaban cambios internos significativos que ayudaran a restablecer los márgenes de beneficio de las empresas y las tasas de recaudación de impuestos para un gobierno agobiado por una deuda soberana sin precedentes. En consecuencia, los dirigentes gubernamentales y las grandes empresas que los apoyaban lanzaron nuevas iniciativas en sus respectivos ámbitos para corregir el régimen de acumulación de capital privado que habían instaurado en años anteriores. Estas iniciativas se encontraron con una resistencia popular generalizada a una escala que no se había visto en varios años.

El régimen ucraniano de acumulación de capital privado se basaba en un mecanismo fiable de extracción de la riqueza privada de una economía aún en proceso de privatización (o de desnacionalización). Este régimen hizo posible tanto la privatización de una gran parte del capital estatal creado por las generaciones anteriores como la obtención continuada de beneficios del proceso de producción existente. Este régimen sólo pudo construirse gracias a la cooperación de grupos clave con una visión compartida de una sociedad desigual ante la que, para ellos, no había alternativa histórica: los funcionarios que aplicaron y legalizaron la transferencia de la riqueza social y codificaron las normas generales de las relaciones capital-trabajo en Ucrania; los empresarios que organizaron la producción, vendieron mercancías y repartieron beneficios; los sindicalistas que preservaron la paz social; los organismos de seguridad del Estado que reprimieron la politización de los trabajadores; y los dirigentes del sector sanitario que fueron los principales actores de la privatización y la desnacionalización de la sociedad. Este régimen también estaba integrado con otros centros extranjeros de acumulación a través de cadenas de flujos de mano de obra, mercancías y capital que convertían a los capitalistas ucranianos en miembros de una clase capitalista transnacional.

Resulta útil comparar el establecimiento de este régimen durante las dos últimas décadas con el de finales de los años veinte y treinta, cuando los dirigentes y teóricos del Partido Comunista (Yevgeny Preobrazhensky, León Trotsky, Nikolai Bujarin, Joseph Stalin y otros) también pretendían establecer un régimen de acumulación de capital por el Estado a partir de una economía que se estaba nacionalizando: el objetivo del partido era entonces transferir el capital de la agricultura campesina al Estado para financiar la industrialización, modernizar la sociedad y construir una élite de clase dominante.

Cabe preguntarse por qué la joven clase de capitalistas ucranianos y su Estado no vieron que les interesaba invertir en el desarrollo de la economía nacional, en su diversificación y modernización tecnológica y en la mejora del nivel de vida de los trabajadores. La respuesta obvia es que el capitalismo favorece, de hecho exige, la existencia de individuos que primero deben acumular para sí mismos a fin de sobrevivir en la competencia. En el colapso económico de los años 90, simplemente no había suficiente renta disponible para hacer más. Sin embargo, las condiciones históricas específicas del reciente nacimiento de Ucrania como Estado independiente también impidieron que los capitalistas ucranianos se vincularan a su territorio nacional y a la sociedad de otra manera. En primer lugar, cuando surgió el nuevo Estado, no hubo una renovación democrática radical del aparato estatal.

Éste fue separado discretamente del órgano moribundo en el que existía anteriormente. Los antiguos funcionarios de la Rada Suprema aceptaron conservar sus puestos de poder. Las elecciones multipartidistas a la Rada Suprema no se celebraron hasta 1994. Los intereses corporativistas de los antiguos y los nuevos funcionarios primaron sobre cualquier nuevo contrato social que la población pudiera haber esperado de una renovación radical y democrática del Estado (pueden encontrarse ejemplos de renovación democrática con éxito en varios países de Europa Occidental después de 1945, donde las clases trabajadoras concluyeron un nuevo contrato social con sus clases dirigentes y establecieron así un Estado del bienestar que luego redistribuyó la riqueza de una forma fundamentalmente más igualitaria a lo largo de las décadas). Explotaron las diferencias salariales y de precios entre los mercados nacionales y extranjeros para obtener beneficios. No necesitaban invertir en el desarrollo de su mano de obra mientras ésta se mantuviera viva. Exportaban sus beneficios. En tercer lugar, la nueva burguesía ucraniana nació en la década de 1990, en un momento histórico en el que los sectores financiero, manufacturero y comercial ya estaban dominados por las empresas transnacionales, que operaban en cadenas mundiales cada vez más estrechas y dificultaban cada vez más la aparición de nuevos centros nacionales independientes de acumulación de capital. Por ello, durante los últimos veinte años, los capitalistas ucranianos se han sentido incómodos planteándose las siguientes preguntas: ¿vamos a sobrevivir? ¿podemos sobrevivir solos? ¿con quién debemos aliarnos para sobrevivir? Se concentraron en establecer y mantener relaciones de cooperación con los centros de capital extranjeros que controlaban sus aprovisionamientos en energía y materias primas así como sus mercados. La idea nacional ucraniana como proyecto histórico, como base para el acuerdo social interclasista, tenía poco o ningún atractivo para ellos. Por consiguiente, no había ninguna motivación capitalista o patriótica susceptible de unirles en la construcción de una economía y una sociedad nacionales. (…)

Nuevas iniciativas desde arriba, protestas desde abajo

Nada más asumir el cargo, Yanukóvich empezó a consolidar el poder del presidente sobre los poderes legislativo y judicial, ya fuera sobre la fiscalía o el gobierno de la ciudad de Kíiv. Nombró su propio gobierno bajo la dirección de Mykola Azarov, privando al poder legislativo de sus derechos constitucionales. Las normas se modificaron para facilitar al Partido de las Regiones la formación de una mayoría en la Rada Suprema. En agosto de 2012 se modificó la ley: antes, la Rada se elegía íntegramente sobre la base de la representación proporcional de los partidos. Ahora, la mitad de los escaños corresponden a partidos elegidos por representación proporcional que hayan obtenido más del 5% de los votos, y la otra mitad a partidos elegidos en circunscripciones uninominales. La nueva ley permitió al Partido Presidencial de las Regiones financiar generosamente a sus candidatos, que se presentaban como no afiliados al partido en circunscripciones uninominales. También permitió la abolición del control democrático de las comisiones electorales de distrito y la presentación de actas falsificadas a las comisiones electorales territoriales.

El encarcelamiento de Yulia Timoshenko y Yuriy Lutsenko y su suspensión de la vida política durante siete años tenían como objetivo intimidar a toda la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, así como ajustar cuentas y eliminar a posibles rivales. Los organismos de seguridad del Estado pusieron en su punto de mira a candidatos de la oposición, analistas independientes, rectores de universidad y periodistas. Se intentó audazmente, sin éxito, silenciar a los medios de comunicación tipificando como delito penal la difamación. Esta vasta campaña ofensiva se caracterizó por el deseo de establecer una "democracia soberana" del tipo que Putin ya había implantado en la vecina Rusia.

Las manifestaciones públicas, que habían sido prácticamente inexistentes durante la campaña de las elecciones presidenciales, se generalizaron en la primavera de 2010. Se multiplicaron las acciones contra los intentos de los empresarios de recortar costes y explotar a la mano de obra, contra medidas como el impago de salarios, la violación de los convenios colectivos y el cierre de fábricas. Algunas de las protestas reunieron a miles de participantes: la marcha del 1º de mayo en Dnipro, la huelga en la fábrica Frunze de Sumy, las manifestaciones en Luhanskteplovoz contra el impago de salarios y la huelga a la italiana en agosto en la gigantesca fábrica GOK de Poltava. En respuesta al aumento de las protestas sociales, las autoridades recurrieron cada vez más frecuentemente a prohibiciones judiciales o a la obstrucción física de las manifestaciones callejeras por parte de la policía, palizas y detenciones de manifestantes, registros en los pisos de los activistas y procesos penales contra ellos y ellas.

A principios de 2010, el gobierno anunció su intención de introducir una ley que autorizara a las instituciones de educación superior cobrar a los y las estudiantes tasas suplementarias por diversos servicios educativos. Estos proyectos se encontraron con protestas estudiantiles en todo el país en octubre de 2010 y enero de 2011, dirigidas a denunciar la comercialización de la educación y el descarado fomento de las prácticas corruptas que ya prevalecían en el sistema educativo. Las protestas obligaron a la Rada Suprema a abstenerse de aprobar la ley (Direct Action, 2011).

En noviembre de 2010, un nuevo Código Laboral, redactado en 2008 bajo el Gobierno de Timoshenko, fue presentado a la Rada Suprema para una segunda lectura. Su objetivo era sustituir al Código Laboral de 1971. Aunque muchas de las disposiciones del antiguo Código de Trabajo eran cada vez más ignoradas y no se aplicaban en la práctica, sobre todo en el sector privado, proporcionaba a los trabajadores un marco legal para la protección de su negociación colectiva y sus derechos laborales. Servía de salvaguarda contra la arbitrariedad absoluta por parte de los empresarios, como el despido sin preaviso.

Con el antiguo Código Laboral, el principal problema para las y los trabajadores no era la letra de la ley, sino la incapacidad de aplicarla. La aplicación del código dependía de la voluntad de los sindicatos de defender a sus miembros mediante acciones directas contra los empresarios o en los tribunales.

Sin embargo, la Federación Oficial de Sindicatos de Ucrania demostró ser un defensor ineficaz de los intereses de sus miembros. Vasyl Khara, jefe de la Federación de Sindicatos y diputado del Partido de las Regiones, fue uno de los principales autores del nuevo Código Laboral, que se presentó a la Rada para una segunda lectura en noviembre de 2010 (Dudin 2010).

El nuevo código ofrecía una protección más débil a las empleadas contra el despido, los aumentos arbitrarios de la jornada laboral y los recortes salariales. No contenía garantías para el funcionamiento de los sindicatos en las empresas y no reconocía su derecho a representar a sus miembros en los conflictos con la dirección, a diferencia del antiguo código laboral. Así pues, la nueva legislación laboral pretendía legalizar prácticas patronales que, de hecho, ya existían para aumentar la explotación del trabajo, la precarización y la competitividad internacional de las empresas ucranianas. Se trataba esencialmente de un código adaptado a las nuevas realidades del mercado y, tras la crisis de 2008, se hizo aún más importante para los empresarios conseguir su aprobación.

Los sindicatos independientes organizaron una manifestación contra el nuevo Código Laboral ante la Rada Suprema el 15 de noviembre de 2010. Sin embargo, la manifestación no fue suficiente para impedir la aprobación de la ley. Sin embargo, dos días después, el proyecto de ley fue aplazado. La razón fue una oleada de grandes manifestaciones el 16 de noviembre, que tuvieron lugar en las principales ciudades, con más de 10.000 personas reunidas frente al cuerpo legislativo en la capital. Estas manifestaciones estaban dirigidas contra el nuevo código fiscal que debía aprobar la Rada (Ukrainska Pravda 2010). El Gobierno decidió evitar la coincidencia de manifestaciones callejeras activas en dos ocasiones diferentes y no adoptó el nuevo Código Laboral. A principios de 2013, aún no se había adoptado.

Se había prometido un nuevo código fiscal desde que el presidente Yanukóvich nombró primer ministro a Mykola Azarov. Azarov tenía fama de ser un celoso recaudador de impuestos cuando dirigió la administración tributaria estatal en el gobierno del primer ministro Yanukóvich en 2007. Pero en 2010 era mucho más difícil que en 2007 recaudar impuestos al nivel necesario, simplemente por la magnitud de la deuda pública que había que devolver. Además, el Gobierno seguía sin estar dispuesto a obligar a las grandes empresas a pagar impuestos en Ucrania. Todavía podían ocultar sus beneficios en Chipre en virtud de un acuerdo internacional que el gobierno soviético había firmado en la década de 1980, pero que seguía vigente en Ucrania. Esta laguna legal privó al erario público de al menos 20.000 millones de dólares en ingresos, o el 10% del PIB anual (Ukrainska Pravda 2010).

Como resultado, el gobierno de Azarov se vio obligado a introducir impuestos más altos para las pequeñas y medianas empresas que trabajaban sólo para el mercado nacional y pagaban sus impuestos en Ucrania. Estos planes provocaron una comprensible indignación. Las manifestaciones del 22 de noviembre de 2010 reunieron a unos 50.000 participantes de todo el país. Exigieron que el Gobierno anulara el acuerdo con Chipre y obligara a las grandes empresas a pagar un nivel justo de impuestos. Al mismo tiempo, los debates en la prensa y los discursos en las concentraciones revelaron una fuerte división entre los manifestantes: por un lado, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores altamente cualificados eran hostiles a un Gobierno que protegía los intereses de las grandes empresas; por otro, los trabajadores de a pie se oponían a las prácticas de elusión fiscal de las pequeñas y medianas empresas, que privaban al fondo de pensiones estatal y a otras partes del sistema de seguridad social de los fondos que necesitaban (BYUT Inform 2010). A pesar de estas protestas, el nuevo código fiscal se aprobó en diciembre de 2010.

En noviembre de 2012, el presidente Yanukóvich firmó un acuerdo de doble imposición con Chipre para sustituir al antiguo acuerdo soviético. Con ello, preservó un cómodo canal para que las mayores empresas ucranianas exportaran beneficios permanentemente o los trajeran de vuelta a Ucrania en forma de inversiones y préstamos extranjeros, que tributan a tipos mucho más bajos. Los capitales también salían de Ucrania hacia zonas extraterritoriales por otros medios utilizados por empresas ucranianas y extranjeras: precios de transferencia [el mismo grupo cobra por los bienes vendidos o los servicios prestados entre sus filiales], leasing y transacciones por Internet. La legislación ucraniana es muy ineficaz e incompleta en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas extranjeras que operan en Ucrania: solo se regulaban algunos elementos de los precios de transferencia (Tyshchuk e Ivanov 2011). En definitiva, se trata de elementos de un régimen de acumulación de capital al servicio de la clase multinacional local.

Por último, el presidente Yanukóvich se preparaba para privatizar las tierras agrícolas. De tener éxito, esta medida aumentaría considerablemente la penetración de las relaciones de mercado en la economía y reforzaría a la clase dominante. De todos los activos que el actual gobierno ha destinado a la privatización, la tierra agrícola es el más importante. Las tierras cultivables y los bosques que quedan en Ucrania han estado sometidos durante mucho tiempo a un proceso histórico de alienación de las comunidades rurales. La etapa actual de este proceso es delicada: el Estado tiene que elaborar un escenario que arrebate unos 30 millones de hectáreas de tierra cultivable de las manos de entre 5 y 6 millones de antiguos agricultores colectivos y permita que esta tierra se consolide en enormes latifundios propiedad de una pequeña clase de terratenientes. Se trata de empresas de producción integrada que monopolizarán los mercados mayoristas y minoristas nacionales y exportarán a los mercados mundiales. Gran parte de la tierra se pondrá sin duda a disposición de inversores extranjeros mediante arrendamientos a largo plazo o incluso en propiedad absoluta.

Dentro de unos años no habrá lugar para las granjas no especializadas y los pequeños agricultores, salvo como lugares de turismo etnográfico y ecológico en medio de un campo industrializado y mercantilizado. A menos que haya una seria oposición política a esta gran privatización, seguirá adelante en cuanto esté listo el catastro.

Resultados y perspectivas

Las estrategias centradas en la exportación y la sustitución de las importaciones, que se han utilizado en diversas combinaciones durante veinte años y que siguen promoviendo los actuales dirigentes del Estado⁵, han fracasado lamentablemente en la construcción de una economía próspera. Por el contrario, desde 2009, la economía ucraniana registra cada año un creciente déficit del comercio exterior, que superó los 6.500 millones de dólares en 2012. Combinado con una caída de la inversión extranjera directa neta, el déficit del comercio exterior ha dado lugar a un déficit por cuenta corriente de 8.000 millones de dólares, el mayor en siete años de saldos deficitarios. Este estado de las finanzas públicas significa simplemente que el Gobierno no dispone de recursos propios para promover ningún tipo de desarrollo. Lo que pide prestado a inversores nacionales y extranjeros a través de bonos del Estado se utiliza para pagar la deuda nacional, subvencionar el apetito de los oligarcas por la energía rusa y apoyar programas de seguridad social deficitarios.

Desde otro punto de vista, el régimen de acumulación de capital establecido para unos pocos privilegiados ha demostrado ser muy eficaz. El Estado sigue apoyando el desarrollo de la clase capitalista local -mediante privatizaciones, mediante ayudas estatales a empresas afectadas por diversos sistemas de corrupción, mediante el mantenimiento de salarios bajos, condiciones de trabajo peligrosas y sindicatos "oficiales" domesticados, así como mediante canales convenientes para la exportación de riqueza para las empresas más grandes y mediante la imposición de una carga fiscal a las pequeñas empresas y a las profesiones liberales. Un estrecho círculo de la élite se hizo fabulosamente rico, verdaderamente "europeizado", mientras la mayoría de la población permanecía por debajo del umbral de la pobreza. Hoy en día, la renta real media de la población apenas supera el nivel del año de la crisis, 1991, mientras que la desigualdad de los ingresos individuales y familiares es muy elevada, sin precedentes desde la época del zar. Estos son elementos importantes del régimen de acumulación de riqueza de los oligarcas, que los vincula estrechamente a "su" Estado-nación. Durante años, este régimen ha retirado tantos fondos de los ciclos internos de reproducción económica y social que ha privado a la sociedad ucraniana de cualquier posibilidad de desarrollo global y prosperidad general. En cualquier caso, la industria manufacturera es hoy más débil, mientras que la minería y la producción de bienes semiacabados son más fuertes que en 1991. Los mercados nacionales de bienes de consumo y de bienes de equipo -en los que la economía nacional ha sido tradicionalmente muy fuerte- están ahora ocupados en gran medida por productores extranjeros.

Las desigualdades económicas entre las regiones siguen siendo elevadas, lo que provoca desigualdades sociales entre las personas trabajadoras, fuente importante de tensiones étnicas y extremismo de derechas.

Sin embargo, este proceso de desarrollo capitalista no se ha completado y ya no tiene envergadura nacional. Los pobres siguen dependiendo, en diversos grados, de la agricultura de subsistencia, del intercambio simple y no monetario de trabajo y de recursos. Esto es especialmente cierto en el caso de la producción de alimentos a partir de parcelas privadas. Según estudios recientes, más de la mitad de los hogares ucranianos, incluido el 36% de los hogares urbanos, dependen de un modo u otro de los alimentos producidos en estas parcelas (Servicio Estatal de Estadística de Ucrania 2010). Como consecuencia de la difícil experiencia de la transición al mercado en los últimos veinte años, los ucranianos no están preparados para confiar en el mercado lo suficiente como para renunciar a parte de su trabajo y sus recursos en favor de la agricultura de subsistencia.

Aunque la clase dominante ucraniana ha logrado asentar su dominación en su territorio nacional, no ha podido mantener a raya al capital extranjero. Su modo de acumulación depende de su participación en determinadas cadenas transnacionales de inversión, producción y distribución, que requieren un acuerdo con los capitales extranjeros. La crisis mundial de 2008 obligó a los centros competidores del capital extranjero a cambiar sus posiciones en la economía ucraniana. El centro euroatlántico, que había comprado las redes nacionales de varios bancos ucranianos en previsión de los superbeneficios de los servicios financieros durante el auge económico, se vio obligado a ponerlas en venta tras el colapso. Los oligarcas ucranianos, que anteriormente habían vendido sus bancos a precios varias veces superiores a su valor en capital, volvieron a comprarlos con grandes descuentos. Los bancos rusos, por su parte, estuvieron mejor protegidos de la crisis gracias a los cuantiosos préstamos de su propio gobierno, que les permitieron reforzar su posición en el sistema bancario ucraniano. Al final, los bancos privados ucranianos fueron los más beneficiados, ya que su cuota de activos en el sistema bancario pasó del 40% al 51% entre 2008 y 2012. Los bancos estatales ucranianos Oschadbank y Ukreximbank también aumentaron su cuota del 11% al 15% durante este periodo (Hrebenyuk 2012). Es difícil decir si se trata de una recuperación temporal o de un fortalecimiento a más largo plazo del capital de los bancos ucranianos. Por un lado, los bancos de Europa Occidental se enfrentan a importantes problemas sin resolver en la eurozona que les atarán las manos durante varios años. Por otro lado, los bancos rusos han estado comprando activos en Ucrania desde 2008, reforzando su posición y la del Estado que los apoya en la lucha por poner el sistema de transmisión de gas de Ucrania bajo propiedad privada y/o extranjera. La estrategia del presidente Putin consiste en utilizar la deuda pública ucraniana por el gas ruso para "fusionar" Gazprom y Naftogaz e impedir que las multinacionales occidentales competidoras accedan a las instalaciones y redes de distribución de energía de Ucrania.

Como resultado, la estructura de propiedad de la economía ucraniana consta ahora de tres capas. En la parte superior está la capa financiera, dividida entre bancos europeos, rusos y ucranianos. El capital extranjero está muy extendido en el sistema bancario, aunque no tan profundamente como en Polonia o Letonia, por ejemplo. El escalón intermedio está ocupado por los propietarios ucranianos de las industrias extractivas y de transformación industrial, mientras que los inversores rusos están haciendo importantes incursiones en el segmento más tecnológico de las cadenas de transformación, con la ventaja de controlar o tener estrechos vínculos con los proveedores de energía y materias primas rusas que consume la industria de transformación ucraniana y el sector de los servicios de utilidad pública. El escalón inferior, la agricultura y la industria alimentaria, parece estar bajo el firme control de los propietarios privados ucranianos y del Estado. Las plantas de procesamiento de productos agrícolas se privatizaron bastante pronto, a finales de la década de 1990. Cuando estaba en la oposición, el Partido de las Regiones, con la ayuda del Partido Comunista, sacó de la agenda política la cuestión de la introducción de un mercado de tierras. Hoy, esta cuestión vuelve a estar en el orden del día, pero el ritmo y las consecuencias de la introducción de un mercado de la tierra siguen sin estar claros. En la conciencia histórica del pueblo ucraniano, la tierra es más que un recurso económico. Es muy posible que las intenciones del Presidente se topen con un clamor mucho más fuerte que en etapas anteriores de la privatización de bienes del Estado.

Resulta tentador remontarse a principios del siglo XX, a la época de la primera gran fase de desarrollo industrial, una época en la que se pueden encontrar sorprendentes paralelismos con el presente. Por aquel entonces, en su panfleto de 1908 titulado "Sobre la autonomía ucraniana", Nikolai Porsch hacía referencia a las palabras de Karl Kautsky: "Para el pueblo ucraniano, el capitalismo se desarrolla en una sola dimensión -la proletarización de este pueblo, mientras que la otra dinámica -el florecimiento de las fuerzas productivas, la acumulación de excedentes y riqueza- se desarrolla en otros países. Por esta razón, el capitalismo sólo muestra a los ucranianos su dimensión negativa y revolucionaria... no conduce a un aumento de su bienestar.”

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Traducido por Faustino Eguberri

Artículo original

Publicado orginalmente el 9 de septiembre de 2014

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