Hay que salvar a los niños y niñas de Ucrania

En su discurso del 21 de febrero de 2022, poco antes de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo: "Quiero subrayar una vez más que Ucrania no es sólo un país vecino para nosotros. Es parte integrante de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. [...] Desde la antigüedad, los habitantes de las tierras históricas del suroeste de la antigua Rusia se han llamado rusos y ortodoxos".

Cómo se puede explicar más claramente que, en la concepción nacionalista y gran rusa del Kremlin, el pueblo ucraniano (al igual que el pueblo bielorruso) no existe como pueblo independiente. Y que su cultura, su historia y su aspiración a convertirse en nación no tienen cabida en la Rusia trinitaria del zar Putin. Tampoco su existencia como Estado independiente.

Con este deseo de negar a Ucrania, además de las masacres de la población civil, los bombardeos, las violaciones, las torturas y los innumerables actos de destrucción, ha atacado lo más querido para los ucranianos: sus niños y niñas.

Cientos de miles de ellos se encontraron atrapados en los territorios ocupados, sometidos a un adoctrinamiento y a una rusificación forzadas; decenas de miles han sido deportados y un cierto número adoptado por familias rusas.

Se trata de un proceso casi industrial, perfectamente orquestado, planificado y organizado por el régimen con la ayuda de los dirigentes de Rusia Unida, el partido gobernante. El objetivo, más allá del deseo de remediar el declive demográfico de Rusia, es borrar a Ucrania de la memoria de estas niñas y niños y convertir a algunos de ellos en cipayos que un día lucharán contra su antigua patria.

Es esta política la que ha llevado a la Corte Penal Internacional, interpelada por la asociación francesa Pour l´Ukraine, leur liberté et la notre! (Por Ucrania, su libertad y la nuestra - PLU) a emitir órdenes de arresto contra Vladimir Putin, el presidente ruso, y Maria Lvova-Belova, la Comisionada rusa para los Derechos de la Infancia, convirtiendo a Putin y a su condenada alma en parias internacionales que deben ser arrestados, juzgados y sancionados.

Esperando el día en que la mafia del Kremlin sea llevada a rendir cuentas, es momento de que esas prácticas genocidas sean denunciadas, que las deportaciones cesen y que las niñas y niños de Ucrania puedan volver a sus hogares.

Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre (PLU) fue la primera asociación que alertó a la opinión pública y al gobierno francés sobre la deportación y adopción de niños ucranianos en Rusia. Su primera comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) tuvo un papel importante en las órdenes de arresto emitidas contra Vladimir Putin y su "Comisionada para los Derechos del Niño", Maria Lvova-Belova, el 17 de marzo de 2023. La CPI calificó entonces los actos como crímenes de guerra.

Desde entonces, a lo largo de más de un año de investigación, los equipos de PLU, con el apoyo de Rusia-Libertades, han examinado mil documentos provenientes de las cuentas de Telegram y VKontakt de los "planificadores" del Consejo General de Rusia Unida, el partido de Putin, y de los coordinadores en las regiones ocupadas. Al final de esta investigación, se ha demostrado la intención genocida de erradicar la identidad ucraniana de los territorios ocupados. La implicación del partido de Putin se revela a todos los niveles de un proceso planificado y sistemático de deportación y adopción forzosa de menores ucranianos en territorio ruso.

Por este motivo, en septiembre de 2024, los abogados del PLU, Emmanuel Daoud y Gabriel Sebbah, presentaron una nueva comunicación pidiendo a la CPI que amplíe las órdenes de arresto a otros altos funcionarios de Rusia Unida y que recalifique estos crímenes.

Cifras espantosas

Es imposible calcular con precisión la magnitud de las deportaciones. De los 7,5 millones de niños y niñas que había en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022, hoy quedan 3,2 millones. Las y los que faltan están refugiados en Europa, muertos o deportados a Rusia. Al cruzar varias fuentes (ucranianas, occidentales y rusas), se estima que han sido deportados más de 300.000 niños. Esta cifra es aún mayor según los datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cifra en 3 millones el número de personas trasferidas a Rusia. Teniendo en cuenta que la pirámide de edad de Ucrania en 2021 indica que el 15% de la población tiene menos de 14 años y el 20% menos de 19, esto representaría un total de 450.000 menores.

Con un cinismo escalofriante, el gobierno ruso se jacta, bajo la apariencia de una acción humanitaria, ¡de haber acogido a más de 700.000 menores!.

Los desplazamientos masivos de población comenzaron en el Donbás incluso antes del 24 de febrero de 2022. Todos los documentos muestran que las y los niños se están convirtiendo en un objetivo prioritario para las tropas de ocupación. Las y los menores en todas partes están atrapados en una trampa sin salida. Los traslados entre las distintas regiones ocupadas son sistemáticos. Crimea, que está anexionada desde 2014, sirve de centro de conexión entre los distintos centros de detención, lo que permitirá a los menores ser sustraídos de las búsquedas de los padres o de las diferentes organizaciones. Todos estos crímenes siempre van acompañados de una intensa propaganda orquestada por las organizaciones juveniles de Rusia Unida que, pretendiendo darles un aspecto humanitario, los denominan como alejamiento de las zonas de combate, acogimiento o campamentos de vacaciones.

Una rusificación a marchas forzadas

La rusificación a través de la ciudadanía va acompañada de medidas incitativas y coercitivas. Un juramento de fidelidad está condicionado a la renuncia a la nacionalidad ucraniana. La anexión de las regiones ocupadas, a partir de los referendos de septiembre de 2022, elimina todos los obstáculos legales a la adopción de menores ucranianos no acompañados, lo que permite su naturalización expeditiva. Estas disposiciones se completan con las del decreto de 17 de mayo de 2023 titulado "Estrategia para la seguridad integral de los niños hasta 2030". Elaborado por la Comisión de Rusia Unida para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Infancia, el decreto ratifica las prácticas de las autoridades regionales de ocupación. A partir de ahora, cualquiera que proteste será castigado con detención o deportación.

A partir del 1 de septiembre de 2022 se organizó la rusificación mediante la escolarización de los territorios. La movilización de todos los recursos del aparato estatal ruso fue un ejemplo perfecto del deseo de erradicar la identidad ucraniana. Las escuelas se han convertido en el objetivo principal de Rusia Unida y del Ministerio de Educación Nacional. Las y los menores ucranianos se enfrentan a un sistema educativo que está totalmente sujeto a las "normas rusas". La semana se empieza con la interpretación del himno ruso y el izado de la bandera rusa. Una revisión completa del sistema educativo, impartido exclusivamente en ruso, con lecciones patrióticas obligatorias, marca el día para las y los jóvenes ucranianos. Se lleva a cabo una represión a gran escala contra el personal docente que se niegue a obedecer. Muchos profesores son "reciclados" en centros especializados en Rostov o Crimea, o... desaparecen. Las purgas han afectado a las y los directores de las escuelas, así como a las bibliotecas y museos, con el fin de restablecer la "verdad histórica" tan querida por el Ministerio de Educación de Moscú.

Los libros y manuales están llegando en masa desde la Federación Rusa. Entre ellos el Vivir es servir a la patria. Este libro, publicado directamente por el patriarcado ortodoxo ruso y clasificado como libro infantil, se ha convertido en el nuevo breviario del sistema educativo. Se utiliza para alentar a los alumnos a unirse a una organización patriótica militar, la mayor de las cuales, Yunarmya, es supervisada conjuntamente por los Ministerios de Defensa, de Educación y de Cultura.

En la Federación Rusa, en 2008, tras la invasión de Georgia, se inició un amplio programa de militarización de la juventud. En 2013, el Ministerio de Defensa anunció la creación de clases de cadetes, en las que se combina la militarización con el adoctrinamiento. Estas clases ofrecen formación militar a menores a partir de los 3 años. Se han creado en los territorios ocupados y se imparten gratuitamente en internados para jóvenes ucranianos, muchos de ellos huérfanos, con el fin de prepararlos para la defensa de la patria rusa contra el "eterno agresor nazi", que incluye la destrucción necesaria de la Ucrania independiente, "eterna colaboracionista" y traidora a la "nación panrusa".

Un proceso planificado de adopción forzosa

A todos los niveles y en todas las etapas, todo apunta al papel desempeñado por Rusia Unida en la implementación de un proceso planificado y sistemático de deportación y adopción forzosa de menores ucranianos en Rusia. Desde el comienzo de la invasión rusa, los menores de edad (niñas y niños) no acompañados han sido el objetivo principal de las y los planificadores rusos, bajo la responsabilidad directa del Kremlin y de Lvova-Belova, y han sido buscados sistemáticamente en las instituciones de la Ucrania ocupada. Luego son llevados en tránsito a Moscú y entregados a padres adoptivos en varias regiones de Rusia. Dado que las autoridades del Kremlin no proporcionan ninguna información, desafiando todas las normas internacionales, es imposible saber cuántos niños ucranianos han sido ya adoptados en Rusia. Esta cifra es sin duda superior a las estimaciones realizadas por ONG como Save Ukraine, que están trabajando para identificarlos e intentar repatriarlos. Sin embargo, parece que las adopciones han disminuido desde que la CPI emitió las órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova.

Por ello resulta absolutamente urgente ampliar las órdenes de arresto a toda la cadena de responsables del gobierno ruso y recalificar los hechos como lo que son, crímenes contra la humanidad. A la espera de las decisiones de la Corte Penal Internacional, esto es lo que diremos el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño. Además de la presión ejercida sobre el poder ruso, esta campaña podría ser un momento importante para recordar frente a quienes disertan sin parar sobre cuestiones geopolíticas, la monstruosidad del régimen de Putin y el indispensable apoyo a la resistencia ucraniana.

Un estado fuera de la ley

Deportados, rusificados, "reeducados", reclutados por el ejército enemigo, negados en su identidad ucraniana... Un destino terrible para las y los niños atrapados en los territorios ocupados por el ejército de Putin.

Desde el punto de vista del derecho internacional, estas prácticas se consideran un crimen contra la humanidad. La Convención de Ginebra de 1949 sobre la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra estipula que las fuerzas de ocupación no tienen derecho a cambiar el estado civil de los niños y las niñas. Rusia también está violando el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que garantiza el derecho de las y los niños a un nombre y a adquirir la ciudadanía.

Calificada como crimen de guerra por las Naciones Unidas, la deportación de niños ucranianos también es una violación del artículo II de la Convención para la Prevención y la Represión del Delito de Genocidio de 1948.

Según la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, "nadie podrá ser expulsado, individual o colectivamente, del territorio del Estado del que sea nacional".

Rusia es signataria de todos estos tratados y convenciones que protegen los derechos de las y los niños, por lo que las autoridades rusas violan consciente y descaradamente las normas jurídicas que han ratificado.

Los elementos citados en este texto provienen esencialmente del dossier de prensa realizado por la asociación Pour l’Ukraine, leur liberté et la nôtre ! y presentados en la conferencia de prensa del 25 de septiembre de 2024. Ver https://www.pourlukraine.com

Puntos de referencia cronológicos

• El 18 de febrero de 2022, es decir, una semana antes de la invasión de Ucrania, comenzaron los desplazamientos a gran escala en el Donbás.
• A mediados de marzo de 2022, se informó de las primeras deportaciones forzadas a Rusia durante la batalla de Mariúpol.
• El 22 de marzo de 2022, las autoridades ucranianas y estadounidenses declararon que más de 2.300 niños habían sido "secuestrados" por las fuerzas rusas en las provincias de Donetsk y Luhansk.
• El 30 de mayo de 2022, Vladimir Putin firmó un decreto destinado a facilitar y acelerar la adopción de niños ucranianos considerados huérfanos en un solo día, permitiendo también cambiar el estado civil de los niños adoptados en Rusia.
• El 21 de diciembre de 2022, la asociación Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! presentó una comunicación al Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para contribuir a la investigación abierta el 2 de marzo de 2022 por la Fiscalía.
• El 27 de febrero de 2023, la Unión Europea y el poder judicial polaco anunciaron la apertura de una investigación conjunta sobre el destino de los niños ucranianos que se dieron por desaparecidos en los territorios ocupados por las fuerzas armadas rusas.
• El 17 de marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, Comisaria para los Derechos de la Infancia, "presuntos responsables" de la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos.
• En septiembre de 2023, Bielorrusia es igualmente reconocido como participante en la transferencia ilegal de niños y niñas ucranianas.
• En septiembre de 2024, la asociación Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! presentó una segunda comunicación documentando el alcance de los crímenes cometidos contra menores ucranianos y pidió a la CPI que amplíe sus mandatos a otros altos funcionarios y que reclasifique estos crímenes para aumentar la presión judicial sobre las autoridades rusas.

Un sésamo envenenado

A principios de mayo de 2022 Rusia aprobó una serie de leyes destinadas a facilitar la obtención de pasaportes para las y los ucranianos, principalmente mediante la supresión de los requisitos habituales de residencia y de ingresos. En abril de 2023, se decidió que toda persona que no aceptara la ciudadanía rusa en los territorios ocupados sería considerada apátrida. Esta situación se ha visto agravada por la nueva ley rusa que estipula que quienes no tengan pasaporte ruso en los territorios ocupados antes del 1 de julio de 2024 podrán ser encarcelados como “ciudadanos extranjeros”.

De este modo, Rusia ha logrado imponer sus pasaportes a casi toda la población de la parte ocupada de Ucrania, haciendo la vida imposible a quienes no lo poseen, incitando a miles de personas a aceptar la ciudadanía.

Las autoridades de ocupación han amenazado con denegar el acceso a la sanidad a las y los residentes sin pasaporte ruso y han declarado que los necesitaban para demostrar sus propiedades. En este marco, cientos de propiedades consideradas como “abandonadas” han sido confiscadas por el gobierno ruso.

En estas condiciones, es difícil eludir la voluntad del ocupante, sabiendo que la negativa puede acarrear la pérdida de la custodia del hijo o hijos, una pena de prisión... o algo peor aún.

Cada pasaporte y certificado de nacimiento expedidos por Rusia es un acto de rusificación, que dificulta a Ucrania la devolución de las y los niños deportados, que ahora son considerados ciudadanos rusos.

Sin olvidar que este pasaporte es también un sésamo envenenado; aceptarlo significa que los hombres que viven en los territorios ocupados corren el riesgo de ser reclutados para luchar contra el ejército ucraniano, que intenta liberar el país.

Traducido por Faustino Eguberri

Artículo original

Publicado orginalmente el 20 de noviembre de 2024