La confiscación de los activos públicos rusos constituiría un anticipo sobre las reparaciones

Tribuna de un colectivo de más de 600 académicos y juristas, entre ellos Antoine Garapon, Thomas Piketty, Sylvie Rollet y Dominique Schnapper.

Saludamos la iniciativa del Consejo Europeo que ha acordado un impuesto sobre los intereses generados por el capital público ruso inmovilizado en varios Estados europeos. Este impuesto, destinado al 90% a la compra de armas para Ucrania, constituye un primer paso. Pero esta decisión parece muy tímida cuando se comparan los mil millones de euros prometidos a Ucrania con los 200 mil millones de euros de activos que el Banco Central de Rusia ha depositado en las instituciones financieras europeas (de un total de casi 300 mil millones de euros colocados fuera de Rusia).

Ucrania usaría inmediatamente estos capitales para comenzar a reparar los daños sufridos por la destrucción de sus infraestructuras civiles, sistemáticamente atacadas por los misiles rusos. La reconstrucción de hospitales, escuelas, universidades y centrales eléctricas no puede esperar al final, indeterminado, de las hostilidades.

¿Cómo pueden las finanzas de Ucrania, cuyos ingresos se ven amputados por la disminución de las actividades económicas, garantizar el pago de las pensiones a las personas inválidas de guerra, viudas y huérfanas? ¿Cómo financiar la larga y costosa atención de las innumerables personas heridas? ¿Cómo invertir en la reconstrucción de los cientos de miles de viviendas destruidas? ¿Cómo continuar la formación escolar y universitaria de la generación que tendrá que reconstruir Ucrania después de la guerra?

La confiscación de los activos públicos rusos constituiría un anticipo sobre las reparaciones que tendrá que pagar el agresor in fine. Los daños causados por la Federación de Rusia en territorio ucraniano están estimados por el Banco Mundial en casi 450 mil millones de euros, hasta la fecha. Ya es mucho más que los activos rusos congelados.

Mientras que Emmanuel Macron ha abogado por que no se establezca ningún límite a priori a la acción de los aliados de Ucrania, ¿por qué no implementar, en concepto de reparaciones, las medidas de confiscación legítimas en virtud del derecho internacional consuetudinario? La Comisión de Derecho Internacional creada dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha elaborado un documento titulado La Responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito: un Estado que ha sufrido daños causados por otro Estado puede tomar contramedidas, como la confiscación de los activos del agresor, para obligarlo a reparar los daños que ha causado. Es este mismo derecho consuetudinario el que constituye una fuente de derecho, inscrita en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que ésta puede aplicar en litigios entre Estados.

Es al agresor a quien corresponde pagar

Ahora bien, la agresión rusa ha sido unánimemente reconocida como ilícita y condenada tanto por la Asamblea General de la ONU (resolución del 2 de marzo de 2022) como por la CJI (el 16 de marzo de 2022), el Consejo de Europa, la Unión Europea (UE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La congelación de los activos del Banco Central de Rusia se encuentra entre los trece paquetes de sanciones económicas tomados contra Rusia, congelación que ésta no ha impugnado ante los tribunales. Sólo desde el punto de vista del derecho, corresponde a Ucrania, reconocida como el Estado lesionado, reclamar la reparación de su daño por parte de Rusia. La petición formal de Ucrania de confiscar los activos públicos rusos inmovilizados es el requisito previo necesario para su ejecución, con la asistencia de los Estados depositarios de los capitales. Suiza y el Reino Unido han comenzado a explorar las modalidades de la aplicación de tal confiscación.

¿Por qué la UE y sus Estados miembros tardan en implementar este procedimiento? ¿Es el miedo a la ira del Kremlin? Recordemos que Rusia no se ha privado, en violación directa del derecho internacional, de apropiarse a bajo costo de las empresas europeas, obligadas a ceder sus activos al Estado ruso o a los fieles de Putin. ¿Qué más puede hacer el régimen de Putin, que se declaró en guerra contra “Occidente”? ¿Es porque las medidas de confiscación podrían asustar a otros Estados que nos han confiado sus activos? El argumento no se sostiene, porque solo un Estado agresor puede, según la ley, ser objeto de una contramedida tomada en beneficio de un Estado agredido.

Por último y sobre todo, ¿cómo explicar a las y los ciudadanos europeos que no se excluye ninguna medida y que tendremos que aumentar nuestro compromiso, si no nos comprometemos con una acción tan simple como justa? Le corresponde al agresor pagar para reparar sus crímenes, y no a las y los contribuyentes de los países aliados de Ucrania.

La cooperación es necesaria no solo entre los Estados de la UE, sino entre los países del G7, depositarios de los activos rusos. Sin embargo, dada la urgencia, Francia, que posee unos 20 mil millones de euros en activos rusos, puede y debe dar ejemplo. Este es el significado del proyecto de resolución transpartidista presentado en la Asamblea Nacional por los diputados Benjamin Haddad (Renaissance) y Julien Bayou (no inscrito, ex-EELV).

Es imperativo que nuestro país, a petición de Ucrania, aplique todas las disposiciones requeridas para la confiscación de los activos públicos rusos depositados en Francia. Ayudar al Estado ucraniano a confiscar estos capitales sería un acto de afirmación del derecho internacional. Indirectamente, esto contribuiría, además, a reducir el presupuesto del Estado ucraniano dedicado a las reconstrucciones, mientras debe asegurar los gastos militares indispensables para luchar por su libertad... y la nuestra.

Primeros firmantes: Nicolas Bouzou, economista, ensayista y dirigente empresarial; Emmanuel Daoud, abogado de la Corte Penal Internacional; Antoine Garapon, magistrado, miembro del comité de redacción de la revista Esprit; Olena Havrylchyk, profesora de economía en la Universidad de Paris-I; Martine Jodeau, jurista, miembro de la asociación Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre; Olivier Passet, economista; Thomas Piketty, director de estudios en la EHESS, profesor de la École d'économie de Paris; Sylvie Rollet, profesora emérita de universidad, presidenta de Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ; Dominique Schnapper, ex miembro del Consejo Constitucional; Nicolas Tenzer, profesor de Sciences Po, encargado de misión en el Center for European Policy Analysis.

La lista completa de los firmantes aquí.

Traducido por Faustino Eguberri

Tribuna en francés

Publicado orginalmente el 16 de abril de 2024